No más ciudadanos agachados, no más políticos delincuentes.

Por Roberto Gallardo 

Editorial para Dominio Radio.

 

En México, los ciudadanos hemos sido discriminados por la clase política durante décadas. Como ciudadanos de segunda clase, hemos tenido el “privilegio” de poder votar, sin tener el derecho a ser votados, obviamente, pagando la cuenta del gran teatro llamado “Elecciones Constitucionales”.

La presión ciudadana por contar con este derecho llevó a que en 2012 se modificara la Constitución, eliminando la tramposa exclusividad que los partidos políticos tenían para postular candidatos a puestos de elección popular.

Sin embargo, las candidaturas independientes todavía enfrentan serios obstáculos.

El principal es que todavía no se reglamentan adecuadamente a nivel federal (es decir, hay cambio constitucional pero no hay un reglamento que indique las condiciones o requisitos para postularse: efectivamente, es como si no hubieran cambiado la Constitución).

Otro problema, que no es menor, es que los Estados también tienen que cambiar sus Constituciones y posteriormente, emitir las leyes secundarias.

Ello pone nuestro derecho a ser votados en grave peligro, pues dependerá de mafias locales el “autorizar” al ciudadano a participar de manera independiente en los comicios.

Obligación del Congreso: Regular las Candidaturas Independientes.

Como parte de su deber y juramento de “cumplir y hacer cumplir la Constitución”, el Congreso de Nuevo León debe reglamentar las candidaturas independientes. Dicha regulación debe estar lista para el mes de junio de 2014, de modo que esté vigente 90 días antes del inicio del proceso electoral (septiembre). Sin embargo, al tratarse de una obligación que no apareja responsabilidad para los diputados en caso de incumplirse, es muy probable que encuentren cualquier excusa para no reglamentarlas, o reglamentarlas de manera en que sea muy difícil competir.

En Nuevo León el Congreso ha manifestado públicamente, en voz de los coordinadores de PAN y PRI, que “no hay tiempo” para ajustar las leyes locales a esa modificación con vistas a las elecciones del 2015, cerrando con ello la posibilidad de que las y los nuevoleoneses participen en la reconstrucción del Estado siendo electos a puestos públicos.

Posteriormente, propusieron la realización de “foros” con la ciudadanía, haciendo evidente su voluntad para retrasar el tema lo más posible.

Finalmente, luego de que los ciudadanos interpusieron juicios para obligarles a acatar la Ley, incluyeron en su agenda mínima el tema, de nuevo, sin comprometerse a tener lista la legislación para las elecciones de 2015.

Dos precedentes negros: Contradicción Constitucional en Candidaturas Independientes y sabotaje a la Ley de Participación Ciudadana.

Los diputados que hoy están en el Congreso de Nuevo León ya demostraron su falta de voluntad para abrir la puerta tanto a las candidaturas independientes como a la participación ciudadana.

En el caso de las candidaturas independientes, reformaron el artículo 36 de la Constitución local en septiembre de 2013 para alinearse con cambios federales realizados en el 2012, que abren a los ciudadanos la posibilidad de buscar un cargo de elección popular de forma independiente. Sin embargo, al realizar esta modificación, los diputados deliberadamente dejaron intacto el artículo 42 de la misma Constitución, que es el que da a los partidos la exclusividad de las candidaturas. Debido a esta contradicción, es imposible el registro de candidatos independientes sin que exista el riesgo legal de que su registro sea denegado o impugnado.

Por otra parte, en las últimas semanas de 2013, las bancadas del PRI y del PAN simularon desacuerdos con tal de “congelar” la Ley de Participación Ciudadana en vergonzosas sesiones del Congreso del Estado, plagadas de informalidad, crispación e intentos de romper el quórum. En estas jornadas de trabajo simulado, ambos partidos declaraban una y otra vez su voluntad de brindar al ciudadano un instrumento de participación, cuando era evidente que las bancadas mayoritarias no tenían intención de alcanzar acuerdos para avanzar en este tema.

Finalmente, al momento de votar dieron la espalda a la ciudadanía, dando como resultado que Nuevo León sea uno de los pocos Estados del país sin figuras como el plebiscito, referéndum, presupuesto participativo y revocación de mandato, entre otras.

 “Plan B”: Candidatos Ciudadanos.

Al margen de las trapacerías legislativas, la sociedad civil ha logrado postular candidatos en diversos comicios, alcanzando acuerdos con partidos políticos pequeños, los cuales han cedido el uso de su registro a ciudadanos no militantes. A este mecanismo se le llama “Candidaturas Ciudadanas”.

Ya sea de manera directa o a través de Asociaciones Políticas Estatales, en las elecciones de 2009 y 2012 hemos contado con este tipo de candidatos, que si bien han permitido un ligero desfogue del ímpetu ciudadano, no han resuelto la cuestión de fondo: todos tenemos derecho a votar y ser votados en igualdad de condiciones con los partidos políticos.

Por ello, para este 2015 queremos dar el paso definitivo en la ciudadanización del proceso electoral: las candidaturas independientes.

Es momento de terminar con todo tipo de discriminación en la arena política. La falta de competencia nos ha llevado a anular la rendición de cuentas y ceder el control político de la entidad a mafias perfectamente identificadas.

Es momento de llamar a las cosas por su nombre, y responder de manera adecuada, proporcional y directa ante los agravios.

No más ciudadanos agachados. No más políticos delincuentes.

 

Lic. Roberto Alonso Gallardo Galindo

Abogado y activista regiomontano.

Consejero de Sociedad Organizada Libre e integrante del Movimiento Promotor de las Candidaturas Independientes en el Estado de Nuevo León.

Director de la ANEI de 2009 a 2013.

 

Participó activamente en la postulación de candidatos ciudadanos durante los comicios estatales de 2009 y 2012.

 

Fuente y Foto:

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