PEMEX COMPRA PENE RÍGIDA

La paraestatal no tiene freno cuando de derroche se trata: compra desde prótesis para pene que cuestan 77 mil pesos, hasta fotocopias de 31 millones de pesos, de acuerdo a información del IFAI.

POR CÉSAR CEPEDA, JORGE MIRELES

Reporte Índigo

En medio de serios cuestionamientos a Pemex por ocultar un presunto desfalco de casi 400 mil millones de pesos, ahora  se sabe que la paraestatal no tiene límites para autorizar gastos a sus empleados y ejecutivos.

De acuerdo a información disponible en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, lo mismo se autorizan gastos por casi 80 mil pesos para la compra de una prótesis para pene (ver factura), que se pagan 31 millones de pesos por fotocopias.

La generosidad de los administradores de la principal empresa pública del país no conoce límites: hay órdenes de compra que avalan gastos para la “atención a funcionarios” por 400 mil pesos amparados por una factura de una comercializadora de productos de oficina con sede en Cadereyta, Nuevo León.

Apenas el miércoles pasado, Reporte Indigo dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación encontró un “hoyo negro” en las finanzas de la paraestatal que alcanzaría 398 mil millones de pesos.

Esto se explicaría por pérdidas no reportadas por su filial Pemex Exploración y Producción durante diversos ejercicios que se reflejaron en la contabilidad hasta 2009.

Pemex habría ocultado este presunto desfalco creando un rubro de “cuentas por cobrar” por la misma cantidad, de manera que, en su balance, un rubro compensó al otro.

Volando alto


¿Sabía que el año pasado Pemex celebró un contrato de 44 millones de pesos con una agencia de viajes para la compra de boletos de avión para sus funcionarios?

El hoyo financiero de casi medio billón de pesos fue justificado como un “asiento contable”.

Lavadas las manos y con gastos en transparencia, los funcionarios de Pemex podrían pensar que tienen el derecho de dormir tranquilos.

Sin embargo, los gastos ya reportados, ¿están libres de todo pecado?

Actualmente, en las redes sociales circula información de una compra de 77 mil pesos correspondiente a una prótesis de pene para la disfunción eréctil que sufren algunos empleados de la empresa paraestatal.

Reporte Indigo verificó este dato en la información financiera de Pemex que el IFAI tiene disponible en su página de Internet, y saltaron más gastos extraordinarios.

Tras la investigación, se encontraron contratos reportados al sitio de transparencia  que rayan entre lo absurdo y lo innecesario.

Los gastos van desde la impartición de programas de formación de líderes petroleros por 7 millones de pesos hasta la compra de uniformes de voleibol varonil por 9 millones de pesos.

Pemex posee un amplio archivo de rendición de cuentas en el portal del IFAI, y algunos reportes se publicaron hace algunos años.

En este informe público se incluye el contrato por 44 millones de pesos que celebró la empresa con Aerovías de México, S.A. de C.V. para la compra de boletos de avión de los funcionarios de Pemex.

Hay varios pagos que realizó la empresa paraestatal a varias empresas por actualización de software.

La empresa Sap México, S.A. de C.V. recibió de Pemex un pago de 20 millones de pesos por este concepto en 2007.

En 2006, por renovación de las licencias de Microsoft, Pemex pagó 36 millones de pesos, según los contratos publicados por el IFAI.

En 2006, la paraestatal reportó una erogación de más de 15 millones de pesos por “gastos de oficina” pagados a la compañía Icsi Corporativo.

En el reporte no se  especifica ni cuántos muebles fueron comprados, ni de qué tipo.

La compra de equipamiento deportivo para los funcionarios de Pemex es uno de los rubros favoritos que concentran el destino del gasto.

La paraestatal autorizó órdenes de compra por 17 millones de pesos a la empresa Deportes Morales por algo que reportaron como “adquisición de implementos deportivos”.

Hay un contrato en 2008 por 9 millones de pesos facturados a Gap Digital por la adquisición de uniformes de voleibol varonil (ver factura).

Los gastos por viáticos y viajes también son de los preferidos por los empleados de la empresa paraestatal.

El año pasado, Pemex desembolsó 19 millones de pesos por el hospedaje y alimentación de los funcionarios que asistieron a los Juegos Deportivos Nacionales Petroleros.

La compañía pagó a la empresa Incentivos y Convenios al Máximo, con sede en Morelos, pero ésta ni siquiera cuenta con una página de Internet.

En 2008, Pemex destinó 11 millones de pesos para la compra de paquetes de boletos de avión ida y vuelta de la Ciudad de México y Guadalajara.

Este monto representa la compra de mil 797 boletos en clase ejecutiva para estos destinos.

La información de los contratos disponibles de Pemex es escasa y sin detalles.
Hay gastos que parecen inverosímiles, como la compra de una camioneta pick up modelo 2010 por “10 millones de pesos” (ver factura), la cual fue pagada a Premier Chevrolet.

También una impresora blanco y negro comprada a la empresa Máquinas, Información y Tecnología Avanzada por 4 millones 700 mil pesos.

La lista de erogaciones es interminable. Hay un contrato de 2005 por 31 millones de pesos de la empresa Xerox por “servicio fotocopiado” (ver factura).

La empresa Comercializadora Lemu cobró 400 mil pesos, supuestamente, por brindar atención a funcionarios de Pemex.

La compañía, con sede en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, se dedica a la venta de artículos de oficina y limpieza.

Este dispendio ocurre mientras los candidatos a la Presidencia no se ponen de acuerdo en lo que se debe hacer con Pemex.

La huella del dispendio



En Pemex se autorizan gastos para todo tipo de actividades, ya sean deportivas, de esparcimiento, médicas o de viajes, pero todo con dinero público.

LOS GOBIERNOS NOS ESPÍAN

Identificadores faciales, rastreadores de voz, sistemas de escaneo biométricos, programas que interceptan correos electrónicos o drones con cámaras de vídeo de altísima definición.

Las tecnologías con las que actualmente cuentan los gobiernos para ejercer de Gran Hermano habrían sorprendido a George Orwell, autor de ‘1984’, novela que planteó qué pasaría en una sociedad controlada en exceso por un gobierno dotado con avanzada tecnología de vigilancia.

El panorama que dibujaba aquella novela no era nada alentador, y según activistas consultados, tampoco lo es ahora que esos sofisticados dispositivos ya no son cosa de ciencia ficción.

Es más, son tan reales que fuentes del sector aseguran que su compra-venta genera unos US$5.000 millones al año.

Una industria «oculta»

En su informe Spyfiles Wikileaks reveló que países como Brasil fabrican sus propios programas espía de internet.

Según explicó a BBC Mundo Eric King, investigador de Privacy International, organización que trata de proteger la privacidad de los usuarios en internet, países como Argentina cuentan con una tecnología conocida como Deep Pocket inspection, un sistema instalado en un proveedor de internet que permite a muchos gobiernos el interceptar cualquier correo electrónico o mensaje de Facebook.

Argentina, apuntó, sólo sería un ejemplo de la gran cantidad de países que tienen acceso a tecnologías similares.

«Es una industria oculta que no está para nada regulada. Cualquier compañía occidental puede vender equipos que permiten espiar todo aspecto de la vida de la gente: su email, teléfono, seguir sus contactos o conocer sus contraseñas».

Hay algunos ejemplos de tecnologías, que según King quitan el hipo.

Una de las más comunes consiste en virus troyanos que son enviados al celular del usuario o su computadora y que cuando se abren dan a los gobiernos acceso total a su aparato, hasta el punto que pueden encender su micrófono e incluso su cámara de vídeo integrada.

Los drones fueron desarrollados para uso militar pero ya se están utilizando en misiones civiles.

También existen cámaras con tal definición que al tomar una foto de una manifestación, las autoridades son capaces de identificar los rostros de todos y cada uno de los participantes.

Y en Estados Unidos, el congreso aprobó en febrero una ley para desplegar una flota de drones (aviones no tripulados) sobre territorio estadounidense, que estiman estará compuesta por unos 30.000 aparatos en 2020.

Estos drones están equipados con sensores y provistos de potentes cámaras de vídeo capaces de volar a 5.700 metros de altura y realizar labores de vigilancia tanto de día como de noche.

Quién se reparte el pastel

En su novela 1984, George Orwell imaginó un mundo sometido por la tecnología de vigilancia.

En 2011, la página Wikileaks filtró un informe sobre las 133 empresas que hoy acaparan la venta de «sistemas de vigilancia e interceptación de comunicaciones» y que incluye nombres como Nokia-Siemens, Qosmos, Nice, Verint, Hacking Team o Amesys.

Según se detalló, 36 de estas empresas están basadas en Estados Unidos, 18 en Reino Unido, 15 en Alemania, 11 en Israel y 8 en Italia.

De acuerdo a Privacy International, en el caso de Reino Unido, muchas de estas empresas están siendo adquiridas por BAE Systems, el cuarto mayor contratista militar del mundo.

Eficaces en la lucha contra el crímen

«Si no hacemos las preguntas correctas al gobierno, el poder que tendrá sobre nosotros será imparable«

Eric King, Privacy International

Las tecnologías de vigilancia han probado ser muy útiles en la lucha contra el crimen, actividades de grupos rebeldes y traficantes de droga en América Latina.

En el caso de Colombia, tal y como reconoció el propió presidente Juan Manuel Santos en su libro ‘Jaque al Terror’, sobre la captura y muerte del guerrillero Raúl Reyes en 2008, este tipo de «tecnología para interceptar comunicaciones y señales electrónicas» jugó un importante papel a la hora de ubicar al líder de las FARC en Ecuador.

Y en el caso de Argentina, un sistema de escaneado biométrico se introdujo recientemente como la gran solución para combatir el crimen en el país.

Desde el 1 de enero de 2012 todos los recién nacidos son escaneados con el sistema cubano SIBIOS, que registra imágenes de su rostro y huellas dactilares de pies y manos.

La presidenta Cristina Fernández subrayó que el principal objetivo de la medida es la lucha contra el tráfico de niños.

Seguridad versus Privacidad

Sin embargo, el registro se extendió a todos los ciudadanos, y de acuerdo a la propia mandataria, en un periodo de dos años 40 millones de argentinos figurarán en el Sistema de Identificación Biométrica del estado.

El gobierno argentino de Cristina Fernández introdujo en el país un sistema de escaneado biométrico centralizado.

El caso argentino es «muy preocupante», aseguró a BBC Mundo Katitza Rodríguez, peruana y directora internacional para los derechos humanos de la Fundación Fronteras Electrónicas, dedicada a proteger la libertad de expresión en internet.

«Para nuestra alarma, la presidenta Fernández ha ido mucho más allá, al punto de vincular el sistema de registro facial obtenido a través de las cámaras de vigilancia en la vía pública con las imágenes obtenidas a través del sistema SIBIOS».

«Las cámaras callejeras de videovigilancia están hoy en todas partes, por lo que esta funcionalidad es particularmente peligrosa y tiene el potencial de llevar a un sistema de vigilancia política generalizada», puntualizó.

«Ya hemos visto que incluso en países supuestamente democráticos como Perú y Colombia, la tecnología de vigilancia ha sido abusada y utilizada para fines políticos».

La sombra del DAS

«La vigilancia es la excepción, la regla es la privacidad«

Katitza Rodríguez, Fundación Fronteras Electrónicas.

En el caso de Colombia, Rodríguez se refiere el escándalo desatado en 2009, cuando salió a la luz una operación de seguimiento masivo de las comunicaciones telefónicas y correos electrónicos de activistas, periodistas, políticos y magistrados por parte del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Los hechos provocaron en última instancia la supresión del DAS y la condena de tres exmiembros de la agencia de inteligencia.

No obstante, según denunció un informe emitido por la ONU en 2011, «las acciones de espionaje ilegal persisten en el país», alegaciones que han sido rechazadas por el ejecutivo colombiano pero confirmadas por varias organizaciones activistas consultadas por BBC Mundo.

«Después del DAS no tenemos razones para pensar que estas prácticas se terminaron», afirma Anthony Dest, asistente del programa para Colombia de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

«Tenemos reportes de que mucha gente siente que la práctica sigue dándose todavía, pero esto es muy difícil de probar», admitió.

Por su parte Eric King, quien asegura que las autoridades colombianas «utilizan muchísimo» anunció que su organización se dispone a invitar a algunos socios en Colombia para discutir el asunto dentro de dos meses».

Según detalló una de las tecnologías que emplean las autoridades en sus presuntas escuchas serían los sistemas de reconocimiento de voz proporcionados por la empresa española Agnitio.

Esta tecnología, permite reconocer la voz del «objetivo» cuando éste realiza una llamada telefónica aunque sea desde un teléfono público o uno que no es el suyo.

BBCMundo contactó a las autoridades colombianas sobre estas denuncias sin obtener respuesta.

Mayor regulación

Teniendo en cuenta el alcance de las nuevas tecnologías de vigilancia, hay quienes reclaman que se regule la venta de estas «armas» en potencia.

Un punto de partida sería que «las empresas que venden tecnología de vigilancia no apoyen gobiernos que cometen violaciones contra los derechos humanos», explica Rodríguez.

Las cámaras de video-vigilancia ya están presentes en algunos países latinoamericanos.

«Deben establecerse estándares legales que respeten el debido proceso y acceso a los datos por parte del gobierno en ciertas circunstancias y personalizada a la persona que quiere vigila, no prácticas de manera masiva».

«La vigilancia es la excepción, la regla es la privacidad», agregó.

«La seguridad nacional es muy importante», aclara por su parte King, pero también es el asegurarse de que la gente esté segura frente al abuso de poder, lo que incluye al estado. Si no hacemos las preguntas correctas al gobierno, el poder que tendrá sobre nosotros será imparable».

«Siempre tenemos miedo de referirnos a 1984, pero estamos bastante cerca».

El Caso Saltillo:

En esta actividad las autoridades saltillenses desde la administración de Fernando de las Fuentes Hernández (a) ‘El Diablito alcohólico empedernido’ la ciudad comenzó a equiparse con cámaras urbanas cuya función era en ese tiempo vigilar a los automovilistas y las zonas de conflicto que distribuyen drogas, sin embargo esta aplicación nunca funcionó. A pesar de ello, también compraron ciertos dispositivos que permiten traspasar las paredes y, como si de una radiografía se tratase, ver el movimiento de los cuerpos a distancias mayores de los cien metros. Con Jericó Abrahamo como alcalde el municipio a seguido adquiriendo este tipo de cámaras de vigilancia urbana que están apostadas en sitios insospechados por cualquier ciudadano.

NO ME MATEN… SOY PERIODISTA!

Por segundo año consecutivo, Freedom House define a México como un país sin prensa libre. Durante varios años, la organización había registrado una mejora sistemática en el clima del debate, la crítica y el periodismo en México. Todos somos testigos de una paulatina apertura en la prensa nacional, de la desaparición de los viejos tabúes, del crecimiento de medios independientes. Pero ese progreso se detuvo en el 2010. A partir de entonces, las condiciones para ejercer el periodismo han empeorado gravemente. El crimen intimida y las instituciones que deben proteger no lo hacen. Así lo muestra el estudio de Freedom House que nos coloca en compañía de Venezuela y Cuba en materia de libertad de prensa. Ser periodista en muchas partes de México es una profesión de altísimo riesgo. Estos últimos días hemos visto agresiones mortales a periodistas que no podrían ser ignoradas. De acuerdo a Reporteros sin Fronteras, no hay país en el continente más peligroso que el nuestro para dedicarse a las tareas de la libreta, la cámara y la grabadora. El panorama es trágico: México es uno de los cinco países más hostiles al periodismo en todo el mundo.

“Silencio forzado,” un revelador informe de la organización Artículo 19, describe con detalle las agresiones que los periodistas mexicanos han sufrido en los últimos meses. Artículo 19 coincide en describir un fenómeno alarmante: la violencia contra los periodistas ha aumentado escandalosamente ante la mirada inepta o cómplice del poder público. La violencia criminal ha silenciado a la prensa pero también la ha ocupado. La seguridad de los periodistas está en riesgo pero también la integridad de las redacciones donde se libra un combate por los mensajes que los criminales quieren enviar al gobierno, a sus enemigos, a la sociedad. La respuesta de las instituciones públicas ha sido declarativa y burocrática: solidarizarse verbalmente con las víctimas de las agresiones y crear oficinas.

Que el periodismo se haya convertido en una actividad de alto riesgo es una de las pruebas del grave retroceso político de México. Nuestro empeño por regresar a la barbarie se retrata en las estampas de la muerte que cotidianamente la prensa despliega de manera grotesca pero se refleja, principalmente, en todo aquello que no conocemos, todo aquello que logra ocultarse, todo aquello que ha sido efectivamente silenciado. Si hay territorios que el crimen organizado ha hecho suyos es porque ha logrado imponer su imperio sobre el Estado y porque ha conseguido esconderse a la prensa. El Estado mexicano falla al no castigar pero también al no proteger. Es claro que muchos periódicos locales han decidido no informar sobre la violencia de su entorno. Ante las amenazas, ante la intimidación, han decidido callar. Se entiende: nadie les pide que hagan de su vida una ofrenda. En  el desamparo, la autocensura es una medida de sobrevivencia. Ninguna sociedad puede pedir heroísmo a sus miembros.

Lo visible, lo que discutimos abiertamente, lo que celebramos o nos indigna todos los días se acompaña de una sombra extensa e imprecisa. Es la mancha de lo oculto. Todos los crímenes que permanecen escondidos porque los periodistas no se atreverían a tomar nota de ellos; todos los delitos que la prensa no podría relatar; todos los atracos inmencionables. A la primera impunidad, la que todos conocemos, le sigue una segunda que la refuerza. Falta el castigo pero también falta el relato. Falta ley y perdemos pistas de la verdad. Que el crimen le haya declarado la guerra a la prensa es una de las ramificaciones más siniestras de estos años. No lo digo porque crea en víctimas privilegiadas: lo digo por la función pública del periodismo, por su importancia en tiempos de miedo y confusión. Una sociedad sin prensa libre (de la censura política, de la intimidación criminal o de los intereses comerciales) es una sociedad ciega y sorda.

El crimen impone su violencia, corrompe y somete a las fuerzas de seguridad, intimida negocios, extorsiona familias. Y encima de ello impone silencio a la prensa. El círculo del crimen parece perfecto: un Estado incapaz de aplicar la ley, una sociedad amedrentada y una prensa desamparada. No hay mayor victoria del crimen que la oscuridad que ha ganado a punta de amenazas, ataques y muerte.

Jesús Silva-Herzog Márquez

Y… A HUMBERTO MOREIRA ¿CUÁNDO?

Desde hace semanas que se ha desatado una ola informativa respecto a que el Gobierno de los Estados Unidos ‘va detrás’ de los bienes y el dinero que el ex titular del SATEC en Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández tiene en aquél país. Bajo el argumento de ‘lavado de dinero’ las autoridades gringas trabajan en pos de confiscar al curiosamente hasta ahora único culpable de un mega fraude que ha comprometido los recursos de Coahuila para los próximos 20, o 30 años.

Es indudable el enriquecimiento ilícito del mencionado individuo, como también es indudable la co responsabilidad implícita de quien fuera su jefe y Gobernador del Estado del 2006 al 2011, Humberto Moreira Valdés, a quien ni siquiera se le menciona e inclusive un juez federal mexicano se ha atrevido a exonerar. Cabe señalar que según la Ley de creación del organismo descentralizado del gobierno de Coahuila, el SATEC contaba con una Junta de Gobierno de la cual era parte el mismo titular del ejecutivo estatal y por tanto es imposible suponer su inocencia, más sin embargo las autoridades mexicanas federales continúan aletargando el proceso de las investigaciones, toda vez que rozamos el primer aniversario del destape del escándalo y de resultados no han arrojado absolutamente nada mientras que el Estado sigue empeñado a través de la veintena de contratos de re estructuración crediticia con nueve bancos y un contrato de Fideicomiso que le someten a trabajar con un margen muy pequeño en tanto a ingresos por concepto de ISN y participaciones federales.

El Siglo de Torreón publicó el siguiente reportaje:

Va EU por 12 propiedades de Villarreal

Autoridades de Estados Unidos y del estado de Texas buscan decomisar 12 propiedades y ocho cuentas bancarias, con valor superior a los 26 millones de dólares, ligadas al extitular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (Satec), Javier Villarreal, de acuerdo con documentos judiciales.

Una petición de la Procuraduría de Texas a un juez estatal detalla siete propiedades en Brownsville, cuatro en San Antonio y una en Harlingen que estarían vinculadas con lavado de dinero obtenido por Villarreal como funcionario en Coahuila, presuntamente de créditos solicitados por el Estado.

Los documentos presentados en marzo denuncian que Villarreal invirtió en Texas dinero «obtenido ilegalmente».

Las propiedades son dos casas, dos complejos de departamentos, dos autolavados, dos centros comerciales, una bodega, una farmacia, una gasolinera y un «spa», con valor de alrededor de 20 millones de dólares.

Las cuentas vinculadas a Villarreal, en el banco JP Morgan Chase, suman 6 millones 503 mil 541 dólares.

El gobierno de Estados Unidos también se involucró en el caso, a través de la Agencia Antidrogas (DEA), que en febrero pidió que las cuentas fueran congeladas.

La DEA se desligó del caso y lo turnó al Servicio de Recaudación Interna del Departamento del Tesoro.

Las propiedades están a nombre de Lorenzo Schuessler, concuño de Villarreal, así como de los padres del exfuncionario.

Las cuentas pertenecen a empresas que están a nombre de Schuessler y de Teresita Botello, esposa de Villarreal, de acuerdo con los documentos.

Villarreal fue denunciado a nivel federal y estatal por lavado de dinero y crimen organizado y, de acuerdo con la procuraduría texana, ya se le considera prófugo.

Mientras esto ocurre, el desconcertante Secretario de Gobierno del régimen moreirista en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, menciona no estar enterado de nada de lo que hacen las autoridades norteamericanas respecto al también prófugo de la justicia estatal, Javier Villarreal.  Declaración que nos hace indiscutiblemente reflexionar en torno a la pertinencia de que un individuo que no ‘sabe nada’ ocupe tan importante cargo.

Las preguntas siguen en el aire al igual que las certezas: la complicidad de la 58 Legislatura es indiscutible, así como el encubrimiento de la 59 actual; Humberto Moreira Valdés debe ser llamado cuanto antes a declarar y debe imputársele CORRESPONSABILIDAD en el ilícito, tal como ocurrió con el Primer Ministro en Islandia, a quien se le asentaron cargos por negligencia durante el colapso bancario sufrido en aquél país.

Y A HUMBERTO MOREIRA ¿CUÁNDO?

GRÁFICO ANIMADO DE LAS PROPIEDADES DE JAVIER por El Siglo de Torreón.

OCULTAN GASTOS DE HUMBERTO MOREIRA

Los priístas jamás se han caracterizado por su transparencia y legalidad, muy al contrario, ha sido un partido corrupto desde su gestación allá en los límites de la década de los 20’s, del pasado siglo XX. Para cuando en Coahuila Humberto Moreira tomó las riendas del gobierno, al PRI ya le venían flojas todas las modalidades de desviación de recursos y compra de opiniones, además Moreira vendió muy bien la imagen de  que era un hombre trabajador, honrado, dinámico y sobre todo honesto. Sin embargo, toda esa campaña mediática tan sólo fue un disfraz para sus intenciones ególatras,  lográndolas temporalmente pero a costa del erario público. El último informe de gobierno aquí en Coahuila fue un desplegado de innovación y tecnología, además de logística que corrió a costa de un Estado ya endeudado y del cual en definitiva nunca dijo nada en ese entonces. Ni lo ha hecho ahora, ni él ni su pesado hermano que intenta compartirnos la idea de que en Coahuila  no pasa nada, y no pasa nada que él antes no haya autorizado, muy al estilo de aquellos Regentes Capitalinos de antaño.

Para continuar con el tema, Animal Político nos regala hoy una nota interesante que nos da, vaya la analogía contrastada, cuentas claras de lo que en realidad es y sigue siendo este partido que tanto daño le ha causado a México. Un partido que ejerce el poder sin más, por el poder mismo. Pretendiendo que los recursos que aporta la nación forman parte de su patrimonio, al igual que la política.

Reservan gasto de toma de protesta de Moreira como Presidente del PRI

Aunque cifras oficiales del tricolor habían reportado un costo de 3 millones de pesos, ahora niegan la información por encontrarse en auditoría

La mañana del 4 de marzo de 2011, unas 15 mil personas corearon el nombre de Humberto Moreira en la explanada del Centro de Convenciones de la ciudad de Querétaro. En ese entonces, el nombre del ex gobernador coahuilense remitía a los priistas a la unidad, pues tomaba protesta como presidente del partido una figura respaldada por todo el tricolor.

El sentimiento de unidad que generaba Moreira duró menos de 270 días. El 2 de diciembre de ese mismo año, oficializó su renuncia al PRI en medio de señalamientos por la falsificación de documentos para que el Gobierno de Coahuila contratara una deuda millonaria.

Aquel 4 de marzo los convocados a la toma de protesta disfrutaron de un evento en el que, según versiones oficiales, se gastaron 3 millones de pesos. Los presentes vieron los espectáculos musicales de la Sonora de Margarita y del grupo norteño ‘Pesado’. También, del show cómico de Adrián Uribe.

Luces, cámaras aéreas, pantallas gigantes y escenarios especiales para televisión permitieron que los 15 mil asistentes siguieran el acto a detalle. El priismo no escatimó en aquel evento del que hoy, a más de un año de ocurrido, es imposible conocer cuánto dinero público gastó.

Las versiones oficiales reportadas por el propio tricolor en aquella  fecha afirmaban que con los 3 millones de pesos se cubrieron, entre otros gastos, reservaciones de hoteles y la renta del Centro de Convenciones.

Para corroborar la información otorgada en aquella ocasión por el PRI, Animal Político remitió  al Instituto Federal Electoral (IFE) una solicitud de información a la que se otorgó el folio UE/12/01193. Enviada el 2 de marzo de este año, la solicitud pedía copias simples de los documentos que avalaran la contratación y el pago de bienes y servicios para aquel evento.

El día 26 de marzo, Animal Político recibió una notificación de ampliación de plazo para tener respuesta. En esa fecha se cumplieron los 15 días de rigor que la ley estipula para responder o ampliar los días para contestar. Sin embargo, ese mismo día también venció el plazo que los partidos tienen para presentar ante el IFE el reporte de gastos del último año.

La respuesta definitiva fue notificada el pasado 18 de abril. En el documento, la Comisión de Información del IFE asegura que resolvió la solicitud el día 2 de marzo, por lo que a la fecha, la información era inexistente. Posteriormente afirma que en atención al principio de máxima publicidad y exhaustividad, turnó la solicitud al Partido Revolucionario Institucional el día 12 de marzo.

Once días después, el PRI negó el acceso a los datos solicitados

“Le informo que dicha información se encuentra en reserva, toda vez que corresponde al Informe Anual del Ejercicio 2011 y que se encuentra en proceso de revisión y auditoría”, dice el documento.

La respuesta agrega también que los informes anuales de los partidos son públicos hasta que el Consejo General del IFE los haya aprobado. Lo anterior, según el artículo 64 fracción décima del Instituto Federal Electoral.

Según lo estipulado por la Comisión de Información, será hasta el 18 de septiembre de este año cuando el procedimiento de fiscalización haya finalizado. Es decir que después de que  de que el PRI ‘echase la casa por la ventanta’ en la toma de protesta de un Presidente de partido que duró apenas nueve meses en el cargo, la espera para conocer el gasto total de aquel evento es de poco más de un año y medio (Animal Político)

Mientras esto pasa allá, aquí en Coahuila seguimos con la sorpresa de que se pretenda señalar como único culpable del fraude de la mega deuda a Javier Villarreal, pero sobre todo y ya que un juez federal se ha puesto a exonerar a Humberto Moreira Valdés como co-responsable de dicho atraco, LOS COAHUILENSES INDIGNADOS NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO ¿CUÁNDO EXONERARÁN A NUESTRO ESTADO DE DICHA DEUDA ILEGAL?

Ante esta pregunta los mismos integrantes de la 59 legislatura estatal, siguen jugando a la complicidad vendida a la corrupción y al despilfarro. Qué decir del regordete que dice que gobierna.

 

El Ojo en el laberinto (I)

La indignación en Coahuila inició 2012 con una protesta extraordinaria que en realidad poco comprendieron inclusive algunos de los que participaron en ella. La Operación Ojo Ciudadano fue, es, una expresión lúdica que representa las polaridades de una dialéctica colectiva que sustenta su quehacer en un paradigma: la observación.

Para que el paradigma quedara resuelto en un símbolo era necesario entonces expandir la representación y por tanto convenía romper cánones, cual silogismo a ultranza que estrecha vinculatoriamente dos premisas: Estética y Acción. Lo anterior porque implicaría en su debido momento, más allá de la protesta simbólica, un acto, particularmente un acto dialogante.

Aquello que algunos tacharon de ‘performance’ no estaba más lejos de serlo en tanto a que su teoría argumentativa solo promulgaba el hecho de la ‘escenificación’ cuando en realidad no era tal. Hay una diferencia consustancial entre una Intervención Urbana y un Performance. Ambas se retro alimentan, más no contienen la misma estructura narrativa. La primera es un acto de provocación que en sí mismo decodifica el contexto al ser un rompimiento con lo cotidiano (no confundir cotidiano con tradición). Mientras la segunda, el performance, es una alegoría manifiesta en aras de provocar a posteriori un rompimiento con lo tradicional y se basa primordialmente, en la Representación sine qua non estética.

Los que confundieron el hallazgo con una manifestación por medio de la cual los participantes se ‘tapaban el rostro’ para no dar la cara, más lejos de la procesión no pudieron estar y obvio, los que apostaban por esta hipótesis sólo eran los defensores simpáticos del régimen moreirista en Coahuila.

¿Cuál era entonces el sino de esta Intervención Urbana in titulada Operación Ojo Ciudadano?

El ojo es el que observa los trazos, movimientos y acciones, la vida pasa por su panorama y a partir de ahí la mente analiza lo observado para promulgar. La operación significa más que un simple acto de protesta, una enunciación: Los estamos vigilando. ¿Para qué? Para evaluar y en su momento denunciar.

Así se establecieron una serie de acciones encaminadas a cumplir el cometido, unos protestaban con el ojo ciudadano y otros iniciaban una labor de vigilancia legislativa, a través de la aplicación de diversas herramientas en las cuales se necesitaba desde luego de la participación análoga de los mismos representantes ante sus representados, sinergia que no se logró, pues en Coahuila vivimos en la era del oscurantismo político y gubernamental, en el que la pequeñez de las mentes de los Legisladores les obliga a someterse a la pequeñez de la mente del Ejecutivo.

Lo arriba expuesto tiene como propósito solamente introducirnos a la reflexión, y a través del entendimiento esbozar lo que más adelante pueda servir como sumario de voluntades, pues en cada quien debe estar presente la chispa que encienda el ánimo de la acción y reacción sustentada en la protesta y también en la propuesta.

El ejercicio republicano no debe solamente limitarse al ejercicio del voto ciudadano a favor de tal o cual candidato o político, sino a una intervención precisa y constante. El tema de la vida pública nos involucra a todos los ciudadanos y tiempo es de romper entonces con la inercia de tan solo apostarse frente al televisor a observar los miles de spots que diariamente nos recetan durante la temporada de campañas. Porque esos miles de spots le cuestan al erario público miles de millones de pesos y tal pareciera que ese presupuesto jamás ha sido ‘autorizado’ por la sociedad. A cambio se argumenta que ha sido el mismo sistema IFE-Legislativo-Ejecutivo el que lo ha permitido. ¿Por qué? ¿Qué nivel tienen esas personas que postularon los partidos para gobernar? ¿Cuántos mexicanos conocemos sus trayectorias laborales y académicas? ¿Cuántos sus acciones y verdaderos logros? ¿A cuántos de ellos les volveremos a ver las caras? Si la costumbre en este país es que, por ejemplo, los políticos en campaña llegan a todos los hogares, pero una vez “electos” y en ejercicio de su cargo, no se les ve ni en pintura y hasta cierran las puertas de los recintos públicos –caso Congreso de Coahuila- y capaces han sido y son de suprimir con fuerza pública cualquier intentona ciudadana por protestar o exigirles cuentas claras y oportunas.

Observar significa analizar, estudiar, discernir, pero también aprender y en su debido momento accionar. Un ciudadano tiene el derecho a protestar, tiene el deber de equivocarse y desde luego, la obligación a corregir ese error. Porque la fuerza ciudadana se sustenta en el enojo, la impotencia y los deseos del bien común, pero fundamentalmente en la buena fe y esto es algo que al parecer el sistema no ha sido capaz de asimilar. Por eso la responsabilidad de proponer es un compromiso inalienable, y si la persona va a proponer desde una plataforma política debe entender que se aleja de la esencia civil y ciudadana, no porque esa esencia lo aleje, sino porque en sí, nada hace el individuo creyendo que ‘dentro de…, puede impulsar el cambio’ es una teoría no solo desgastada sino que ha demostrado no ser funcional: el sistema es un pulpo que corrompe y pervierte las percepciones y voluntades originales. La plataforma ciudadana puede estar establecida por ciudadanos y no por partidos. El gobierno debe ser capaz de adherir a su sistema a esa plataforma ciudadana, no absorbiéndola para controlarla, sino dejándola en libertad y causalidad propia, de tal manera que no haya indicio de reorientación. ¿Qué significa en este texto que el Estado debe adherir? : Que vivimos en una República y sin embargo la representación ciudadana ya no está garantizada por el Legislativo, menos por el Ejecutivo, entonces ya que se han creado instituciones burocráticas que se olvidan de su deber hacia las personas gobernadas, las personas gobernadas deben tener voz y voto en esa República de tal forma, que esa voz y voto no solo se concrete vía electoral, sino también vía Consensos, plebiscitos y referéndums, orientados por los mismos ciudadanos, y no manipulados por el gobierno de ningún nivel. El presupuesto debe ser designado al ser la misma ciudadanía quien lo requiere para plebiscitar una iniciativa, por ejemplo.

Volviendo al motivo inicial del presente texto y para concluir la primera parte de esta serie, la trascendencia del Ojo Ciudadano es justamente la medida de la proporción que cada ser le quiera imprimir a su convicción de luchar por aperturar a las instituciones y por ende, lograr una vida pública más equitativa, en la que tengan injerencia los hombres y las mujeres de un país que diariamente luchan y se esfuerzan por progresar en su conjunto.

Moreira en Wikipedia: el agravio a los instintos

Estafador, mentiroso, golpeador, posible narco y ladrón. Líder de una pandilla de mafiosos que se apoderaron de las instituciones públicas en Coahuila. El ‘profesor’ Humberto cobijó durante su sexenio a la ignominia y aún así, líderes y lideresas del PRI en el Estado de Coahuila lo siguen adorando fatuos porque mucho es lo invertido por la corrupción a nombre de la camaradería.

Más allá de lo imputable, y más allá de la leyenda, Humberto Moreira es autor de un mega fraude que trasciende lo económico o material hasta que no se demuestre lo contrario. Hablar de más de 38 mil millones de pesos desfalcados a las finanzas públicas del Estado que gobernó en base a sobornos y despilfarros, es tan solo un plus contra el daño moral y mental ocasionado en contra de la conciencia ciudadana que hoy por hoy se torna ninguneada por el poder oficial de un grupúsculo de inefables alcahuetes de los cuales el patrocinador daría cuentas cortas.

La falta de certeza y de información, sin embargo, no ha tapiado los rescoldos de la decencia y existen coahuilenses dedicados a exigir y denunciar y esa es la gran premisa sobre la que descansa la construcción de un futuro menos ignominioso. La intriga intelectual a la que se orienta la dedicación de las personas empeñadas en que se castigue a la barbarie moreirista, encuentra su tamiz en el albedrío de la confabulación a priori en que los instintos se desgastan en pos de favorecer el verdadero encumbramiento de la voluntad cívica. Ante eso ningún Moreira ni cien similares más podrán hacer nunca nada: la indignación no tropieza y tampoco se suma con números vacíos.

Vivimos en un mundo en el que la violencia estructural deforma la percepción de la sociedad, la pervierte y la limita. El poder que debiera ser público beneficia solo a unos cuantos y la inmensa masa humana que habita nuestro Estado ni siquiera atina a interiorizar en su propio Ser de tal manera que ese viaje interno le llevara a la reflexión de que las cosas no son como el Gobierno y los Moreira se las han acomodado, y de que valdría la pena ser un poco más conscientes en el nombre de la dignidad que no debiera estar sometida a la palpable falta de alternativas. Se ha generado una dependencia tal, que los defensores a ultranza de las tropelías de Humberto Moreira no han sido capaces de cavilar sesgadamente en el daño a posteriori que le ocasionan a su estirpe natural, al encumbrarla en la falacia.

Es indiscutible que la biografía publicada en Wikipedia.org sobre el mencionado sujeto, es tan solo un apunte bosquejado que no se atreve a hablar con la verdad y solo sustenta lo banal de una vida curricular amorfa y sin sentido, nada loable ni heroico que mereciera ocuparse en la consulta. El cinismo y el escarnio, además, son entes susceptibles de transformaciones espaciales. Es decir, vaya una loa para el corrupto que goza de la impunidad pendenciera a su favor. El agravio cometido a los sentidos y a la conciencia ciudadana y cívica en Coahuila es hoy apenas un ligero despertar que confabula en libertad, construyendo en ciernes los materiales con los que habrá de bosquejar un futuro pertinaz y justo. Entendiendo a la Justicia también en el sentido de justeza que habrá de proporcionar las biografías a su exacta dimensión en los portales electrónicos… pero también en la memoria.

Memoria que empieza a recordar, además, viviendo los efectos de un sistema desgastado y pusilánime que pone en riesgo inclusive la vida de los ciudadanos sin temor ni preocupación, sino hasta con burla ante el terror.

La monarquía desgastada a cien días de iniciado el ‘mandato’ del sucesor de una prosapia pueril.